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Marcelo Pablo Díaz
está detenido en el Complejo Federal de Ezeiza, donde purga una condena a
prisión perpetua por el crimen Soledad Bargna, la joven de 19 años que fue
apuñalada 26 veces luego de ser abusada sexualmente en el sexto piso de un
edificio de la avenida Honorio Pueyrredón, en Caballito. Cuando mató a la
chica, en mayo de 2009, Díaz gozaba de las salidas transitorias otorgadas por
el juez porteño Axel López. Antes había sido condenado a 12 años de prisión por
otra violación. Al ser descubierto, el hombre trató de desligarse del asunto
pero los investigadores se dieron cuenta de que otra vez había sido incapaz de
frenar la violencia y la muerte.
Diego José Cadícamo es juzgado por la violación y homicidio de Sandra Ayala Gamboa, asesinada en una antigua casona de La Plata. A Cadícamo le imputan además otros ocho casos de abuso sexual cometidos entre octubre de 2005 y abril de 2007. Esta semana la fiscal Maribel Furnus pidió la pena de reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del hombre de 35 años, que repetía el perfil de víctimas en sus ataques: todas eran jóvenes oriundas de Perú o de alguna provincia del norte argentino, y en todos los casos las contactaba con la excusa de ofrecerles un trabajo como empleada doméstica o niñera. No era un improvisado.
Juan Ernesto Cabeza tardó menos de un mes en volver a caer. El remisero de 53 años regresó tras las rejas con las manos llenas de sangre. Después de pasar 16 años en prisión por violar a cuatro jóvenes pasajeras del taxi que por entonces conducía, purgó dos tercios de su condena (fijada en 24 años) y fue beneficiado con la libertad condicional. El mes pasado, salió de la Unidad Penitenciaria Federal de Chaco y comenzó a trabajar en una agencia de autos pese a la prohibición del juez Axel López (el mismo del caso Bargna), que en su fallo había alertado que el reo no podía volver a conducir taxis o remises, ya que eran los escenarios en los que encendía su saña sexual. Pero el sistema falló y el resultado fue el asesinato de Tatiana Kolodziez.
Los días posteriores al hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 33 años, el debate mediático giró en torno a la figura del juez López. Algunos periodistas, convocados por la urgencia de la primicia, se apoyaron en las experiencias de los familiares de las víctimas de violaciones para fundamentar sus opiniones. Otros, en cambio, hicieron hincapié en el déficit operativo que muestra el Poder Judicial porteño: en Ejecución Penal hay sólo dos jueces para atender 50 mil expedientes. Son el “polémico” Axel López y de Marcelo Peluzzi, que manejan a los casi tres mil detenidos de las 36 cárceles federales del país y tienen a cargo el seguimiento de aquellos que están bajo libertad condicional, de los que tienen penas en suspenso y de los que cumplen las probation.
Ante este escenario, sesgado por las limitaciones operativas y la falta de políticas públicas, algunos especialistas señalan que el sistema penal argentino no está preparado para contener a los delincuentes sexuales. Menos aún a los seriales, aquellos hombres que repiten sus modos homicidas.
DELINCUENTES SERIALES. Los violadores y homicidas de mujeres no son bien recibidos por el resto de la población carcelaria. Por eso es que conviven en pabellones especiales, donde hacen buena conducta. No son conflictivos, trabajan y estudian, lo que los ayuda a mantener un buen concepto por parte de las autoridades.
El remisero Cabeza estuvo 16 años bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Cuando el Tribunal Oral N° 3 de Capital Federal lo condenó en 1998, el violador dijo que quería “ser sometido a un tratamiento psiquiátrico para no causar más daño”. En prisión estuvo en el programa de Tratamiento de Agresores Sexuales y cumplió con los requisitos para alcanzar en marzo de este año los puntajes de 10 en Conducta y 7 en Concepto. También aprobó los niveles de educación y trabajo. En esto se basó el juez López para liberarlo, dejando de lado el análisis de Ramiro Isla, el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Chaco, que consideró que Cabeza mostraba “factores personales de riesgo de reincidencia”. Isla no se equivocó.
Para Juan Carlos Romi, especialista en psiquiatría y psicología médica, Cabeza encuadraría en la categoría de “delincuente sexual serial”, ya que representa un tipo de agresor que no actúa impulsivamente, sino que suele buscar escenarios “predeterminados” para atacar y no tiene un número límite de agresiones, sino que ese límite lo determina su arresto. En el caso de este hombre, el escenario predeterminado era el medio de transporte que conducía.
Cabe aclarar que el juez López, si bien tomó en cuenta la perversión del imputado a la hora de dictaminar el beneficio excarcelatorio, no logró el seguimiento adecuado del violador, como así tampoco lo hizo el Patronato de Liberados. En este contexto, a Cabeza no le resultó difícil volver a trabajar como chofer y reincidir en su lógica perversa.
Para Marina De Anna, licenciada en Psicología, los violadores seriales presentan una estructura de personalidad psicopática, muy cercana a la perversión. Son hombres que manejan a las personas como objetos, con desconsideración y sin culpa, por lo que pueden cometer actos atroces sin inmutación alguna. También son capaces de crear códigos propios de comportamiento y no sienten culpa al infringir las leyes que rigen la vida social.
“Sin embargo, sí tienen nociones sobre la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Como suele creerse en el imaginario colectivo, estas personas no suelen siempre ser retraídos, solitarios u hostiles, el psicópata busca al otro para seducirlo, desaparecerlo y/o manipularlo”, explica De Anna.
En esta línea, Luis Di Santo, psicólogo clínico e investigador de asesinos seriales, señala que “en general, las ciencias jurídicas consideran al sujeto en base a sus funciones psíquicas superiores, al sujeto de la conciencia”. Según Di Santo, “el sujeto que comete delitos sexuales reiterados, se lleva por algo que suele llamarse impulso o compulsión, pero que en el fondo se trata de un goce perverso, actuado bajo una ley personal, la de gozar del otro más allá de su voluntad”.
Diego José Cadícamo es juzgado por la violación y homicidio de Sandra Ayala Gamboa, asesinada en una antigua casona de La Plata. A Cadícamo le imputan además otros ocho casos de abuso sexual cometidos entre octubre de 2005 y abril de 2007. Esta semana la fiscal Maribel Furnus pidió la pena de reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del hombre de 35 años, que repetía el perfil de víctimas en sus ataques: todas eran jóvenes oriundas de Perú o de alguna provincia del norte argentino, y en todos los casos las contactaba con la excusa de ofrecerles un trabajo como empleada doméstica o niñera. No era un improvisado.
Juan Ernesto Cabeza tardó menos de un mes en volver a caer. El remisero de 53 años regresó tras las rejas con las manos llenas de sangre. Después de pasar 16 años en prisión por violar a cuatro jóvenes pasajeras del taxi que por entonces conducía, purgó dos tercios de su condena (fijada en 24 años) y fue beneficiado con la libertad condicional. El mes pasado, salió de la Unidad Penitenciaria Federal de Chaco y comenzó a trabajar en una agencia de autos pese a la prohibición del juez Axel López (el mismo del caso Bargna), que en su fallo había alertado que el reo no podía volver a conducir taxis o remises, ya que eran los escenarios en los que encendía su saña sexual. Pero el sistema falló y el resultado fue el asesinato de Tatiana Kolodziez.
Los días posteriores al hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 33 años, el debate mediático giró en torno a la figura del juez López. Algunos periodistas, convocados por la urgencia de la primicia, se apoyaron en las experiencias de los familiares de las víctimas de violaciones para fundamentar sus opiniones. Otros, en cambio, hicieron hincapié en el déficit operativo que muestra el Poder Judicial porteño: en Ejecución Penal hay sólo dos jueces para atender 50 mil expedientes. Son el “polémico” Axel López y de Marcelo Peluzzi, que manejan a los casi tres mil detenidos de las 36 cárceles federales del país y tienen a cargo el seguimiento de aquellos que están bajo libertad condicional, de los que tienen penas en suspenso y de los que cumplen las probation.
Ante este escenario, sesgado por las limitaciones operativas y la falta de políticas públicas, algunos especialistas señalan que el sistema penal argentino no está preparado para contener a los delincuentes sexuales. Menos aún a los seriales, aquellos hombres que repiten sus modos homicidas.
DELINCUENTES SERIALES. Los violadores y homicidas de mujeres no son bien recibidos por el resto de la población carcelaria. Por eso es que conviven en pabellones especiales, donde hacen buena conducta. No son conflictivos, trabajan y estudian, lo que los ayuda a mantener un buen concepto por parte de las autoridades.
El remisero Cabeza estuvo 16 años bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Cuando el Tribunal Oral N° 3 de Capital Federal lo condenó en 1998, el violador dijo que quería “ser sometido a un tratamiento psiquiátrico para no causar más daño”. En prisión estuvo en el programa de Tratamiento de Agresores Sexuales y cumplió con los requisitos para alcanzar en marzo de este año los puntajes de 10 en Conducta y 7 en Concepto. También aprobó los niveles de educación y trabajo. En esto se basó el juez López para liberarlo, dejando de lado el análisis de Ramiro Isla, el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Chaco, que consideró que Cabeza mostraba “factores personales de riesgo de reincidencia”. Isla no se equivocó.
Para Juan Carlos Romi, especialista en psiquiatría y psicología médica, Cabeza encuadraría en la categoría de “delincuente sexual serial”, ya que representa un tipo de agresor que no actúa impulsivamente, sino que suele buscar escenarios “predeterminados” para atacar y no tiene un número límite de agresiones, sino que ese límite lo determina su arresto. En el caso de este hombre, el escenario predeterminado era el medio de transporte que conducía.
Cabe aclarar que el juez López, si bien tomó en cuenta la perversión del imputado a la hora de dictaminar el beneficio excarcelatorio, no logró el seguimiento adecuado del violador, como así tampoco lo hizo el Patronato de Liberados. En este contexto, a Cabeza no le resultó difícil volver a trabajar como chofer y reincidir en su lógica perversa.
Para Marina De Anna, licenciada en Psicología, los violadores seriales presentan una estructura de personalidad psicopática, muy cercana a la perversión. Son hombres que manejan a las personas como objetos, con desconsideración y sin culpa, por lo que pueden cometer actos atroces sin inmutación alguna. También son capaces de crear códigos propios de comportamiento y no sienten culpa al infringir las leyes que rigen la vida social.
“Sin embargo, sí tienen nociones sobre la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Como suele creerse en el imaginario colectivo, estas personas no suelen siempre ser retraídos, solitarios u hostiles, el psicópata busca al otro para seducirlo, desaparecerlo y/o manipularlo”, explica De Anna.
En esta línea, Luis Di Santo, psicólogo clínico e investigador de asesinos seriales, señala que “en general, las ciencias jurídicas consideran al sujeto en base a sus funciones psíquicas superiores, al sujeto de la conciencia”. Según Di Santo, “el sujeto que comete delitos sexuales reiterados, se lleva por algo que suele llamarse impulso o compulsión, pero que en el fondo se trata de un goce perverso, actuado bajo una ley personal, la de gozar del otro más allá de su voluntad”.
SIN CONTENCIÓN. Para Di Santo el
sistema penal argentino no está preparado para contener a este tipo de
delincuentes en serie. El especialista añade que “los violadores suelen
comportarse como reclusos modelo, cumpliendo todo lo que se espera de ellos,
pero ese goce perverso sigue estando inalterado. En síntesis, todo el andamiaje
jurídico tiene una concepción del sujeto, de la función de la pena, que suele
ser inocuo para los sujetos que cometen delitos sexuales, sobre todo en serie”.
De este modo, Di Santo pone en relieve una postura que muchos actores del mundo
jurídico comparten: el sistema legal argentino muestra falencias estructurales
para tratar reincidentes
en ataques sexuales.
Así también lo entiende el abogado Marcelo Mazzeo, quien explica que “no hay estructura ni personal idóneo. No creo que sean irrecuperables, aunque la gran mayoría de ellos reincide. En este tipo de casos, las evaluaciones de los profesionales deben ser aún mucho más rigurosas y una junta especial debe decidir si es aconsejable dar o no dar el beneficio de la libertad condicional y el juez ante la mínima duda, debe rechazarlo de plano.”
Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental de San Martín, considera que “hay que tener una mirada amplia del tema, para intentar enriquecer la discusión y cuanto menos ensayar propuestas superadoras que prevengan o disminuyan este tipo de eventos”. Casolati concluye presentando la siguiente paradoja sobre el Consejo de la Magistratura: “El órgano institucional que deberá decidir la legalidad o ilegalidad del actuar del doctor Axel López”, es el mismo que de modo indirecto ha generado “la situación de colapso indiscutible del Sistema de Ejecución Penal, a través de un incomprensible retardo en la tramitación y/o designación de los Juzgados de Ejecución Penal Nacionales y que ha motivado que sólo dos jueces naturales respondan a una demanda imposible de contener de forma eficaz y efectiva”. «
Así también lo entiende el abogado Marcelo Mazzeo, quien explica que “no hay estructura ni personal idóneo. No creo que sean irrecuperables, aunque la gran mayoría de ellos reincide. En este tipo de casos, las evaluaciones de los profesionales deben ser aún mucho más rigurosas y una junta especial debe decidir si es aconsejable dar o no dar el beneficio de la libertad condicional y el juez ante la mínima duda, debe rechazarlo de plano.”
Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental de San Martín, considera que “hay que tener una mirada amplia del tema, para intentar enriquecer la discusión y cuanto menos ensayar propuestas superadoras que prevengan o disminuyan este tipo de eventos”. Casolati concluye presentando la siguiente paradoja sobre el Consejo de la Magistratura: “El órgano institucional que deberá decidir la legalidad o ilegalidad del actuar del doctor Axel López”, es el mismo que de modo indirecto ha generado “la situación de colapso indiscutible del Sistema de Ejecución Penal, a través de un incomprensible retardo en la tramitación y/o designación de los Juzgados de Ejecución Penal Nacionales y que ha motivado que sólo dos jueces naturales respondan a una demanda imposible de contener de forma eficaz y efectiva”. «
fuente: Tiempo Argentino
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